Los sistemas de videovigilancia se han convertido en una herramienta esencial para la seguridad en empresas, comunidades de propietarios y espacios públicos. Sin embargo, el uso de cámaras de seguridad implica el tratamiento de datos personales y, por lo tanto, debe cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
Un sistema de videovigilancia mal gestionado puede derivar en sanciones económicas elevadas, reclamaciones de afectados y problemas de reputación. En este artículo se analizan los requisitos legales para la instalación de cámaras de seguridad, los derechos de las personas afectadas y las obligaciones del responsable del tratamiento de datos.
¿Por qué es importante adecuar los sistemas de videovigilancia a la normativa de protección de datos?
Instalar cámaras de seguridad sin cumplir con la normativa de protección de datos puede acarrear problemas legales y sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Las razones clave para garantizar el cumplimiento normativo son las siguientes:
- Cumplimiento normativo: Evita sanciones económicas y problemas legales derivados del uso inadecuado de imágenes captadas por las cámaras.
- Transparencia y confianza: Garantiza que clientes, empleados y visitantes estén informados sobre el uso de sus datos personales y la finalidad de la videovigilancia.
- Prevención de sanciones y responsabilidades legales: Un sistema de videovigilancia que no cumple la normativa puede generar reclamaciones ante la AEPD.
- Protección de los derechos de las personas: Permite que cualquier persona afectada pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición respecto a las imágenes grabadas.
El cumplimiento de la normativa en videovigilancia no solo evita problemas legales, sino que también refuerza la seguridad y confianza en el entorno donde se implementa.
Requisitos legales para la instalación de cámaras de seguridad
Para que un sistema de videovigilancia cumpla con la normativa de protección de datos, debe ajustarse a los siguientes requisitos:
1. Finalidad legítima
La instalación de cámaras debe responder a una finalidad justificada, como la seguridad de bienes y personas, la prevención de delitos o la supervisión de accesos. No se pueden instalar cámaras para fines desproporcionados, como el control absoluto de empleados o la vigilancia injustificada de vecinos en comunidades de propietarios.
2. Carteles informativos visibles
Es obligatorio colocar un cartel informativo en un lugar visible, donde se indique:
- La existencia del sistema de videovigilancia.
- La identidad del responsable del tratamiento de datos.
- La forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión.
Si no se informa adecuadamente a los afectados, la videovigilancia podría considerarse ilegal.
3. Registro de Actividades de Tratamiento
Toda entidad que utilice videovigilancia debe documentar el tratamiento de imágenes en un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), especificando:
- Base legal del tratamiento.
- Plazo de conservación de las imágenes.
- Medidas de seguridad aplicadas.
- Procedimiento para atender los derechos de los afectados.
4. Conservación de imágenes
Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia deben almacenarse por un máximo de 30 días, salvo que sean necesarias para una investigación judicial o policial. Transcurrido este plazo, deben eliminarse de forma segura.
5. Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)
Si la videovigilancia afecta a un gran número de personas o se trata de una vigilancia intensiva, es obligatorio realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos para analizar los riesgos y establecer medidas de seguridad adecuadas.
Derechos de las personas ante la videovigilancia
Las personas cuya imagen ha sido captada por un sistema de videovigilancia tienen derecho a:
- Acceso: Pueden solicitar conocer si su imagen ha sido grabada y acceder a las imágenes en las que aparecen.
- Supresión: Pueden pedir la eliminación de sus imágenes si no son necesarias para la finalidad con la que fueron captadas.
- Oposición: Si una persona considera que el sistema de videovigilancia no tiene una base legítima, puede solicitar el cese del tratamiento de sus datos.
- Limitación del tratamiento: Se puede restringir el uso de las imágenes en determinados casos, por ejemplo, mientras se resuelve una reclamación.
Para atender estas solicitudes, el responsable del tratamiento debe establecer un procedimiento claro y garantizar la respuesta en los plazos previstos por la normativa.
Obligaciones del responsable del tratamiento
El responsable del sistema de videovigilancia debe garantizar que el tratamiento de imágenes cumple con la legislación vigente. Sus principales obligaciones incluyen:
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados.
- Formalizar un contrato con un encargado del tratamiento si un tercero gestiona las imágenes (por ejemplo, una empresa de seguridad).
- Evitar la captación de imágenes en espacios no autorizados, como la vía pública, viviendas privadas o áreas que no sean relevantes para la seguridad.
- Informar a los afectados mediante los carteles de videovigilancia y otros medios adecuados.
Sanciones por incumplimiento de la normativa de videovigilancia
El incumplimiento de la normativa puede dar lugar a sanciones impuestas por la AEPD, que pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual de la empresa infractora.
Algunas de las infracciones más comunes incluyen:
- No informar a los afectados sobre la videovigilancia.
- Captar imágenes en espacios no autorizados.
- Almacenar imágenes más allá del plazo legal permitido.
- No contar con medidas de seguridad adecuadas para la protección de los datos.
Para evitar estos problemas, es esencial realizar auditorías periódicas y asegurarse de que el sistema de videovigilancia cumple con todos los requisitos normativos.
¿Cómo podemos ayudarte en la adecuación de tu sistema de videovigilancia?
Un equipo especializado en protección de datos puede ofrecer los siguientes servicios:
- Auditoría del sistema de videovigilancia para evaluar su cumplimiento normativo.
- Redacción del Registro de Actividades de Tratamiento y otros documentos obligatorios.
- Diseño e implementación de medidas de seguridad adaptadas a las necesidades de cada organización.
- Asesoramiento en la atención de derechos de las personas afectadas.
- Formación y sensibilización para empleados y responsables sobre protección de datos y videovigilancia.
Un asesoramiento profesional permite garantizar el cumplimiento normativo, minimizar riesgos legales y fortalecer la confianza de clientes y empleados.