Introducción
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y corrupción, garantizando confidencialidad y seguridad para los denunciantes. Esta norma transpone la Directiva (UE) 2019/1937 y tiene como objetivo reforzar la transparencia y la lucha contra el fraude en empresas y administraciones públicas.
El establecimiento de canales de denuncia es clave para facilitar la detección temprana de irregularidades y garantizar que los informantes puedan comunicar infracciones sin miedo a represalias. Sin embargo, no todas las organizaciones están cumpliendo con esta obligación, lo que puede derivar en sanciones graves.
En este artículo se analiza qué es un canal de denuncias, quiénes deben implementarlo, qué requisitos debe cumplir y qué garantías ofrece la ley a los informantes.
¿Qué es la Ley de Protección al Informante?
La Ley de Protección al Informante establece un marco normativo para la comunicación y gestión de denuncias sobre infracciones normativas y corrupción en el ámbito público y privado.
Su principal objetivo es asegurar que cualquier persona que tenga conocimiento de irregularidades pueda denunciarlas sin temor a represalias. En el pasado, muchos denunciantes sufrían consecuencias laborales, despidos o amenazas tras revelar prácticas ilícitas. Con esta ley, se busca evitar esos escenarios y fomentar la denuncia de actividades fraudulentas.
Además, la norma obliga a empresas y administraciones públicas a establecer canales de denuncia seguros y confidenciales que protejan la identidad del informante y faciliten el tratamiento adecuado de las comunicaciones.
Finalidad y objetivos de la ley
Los principales objetivos de la Ley 2/2023 son:
- Fomentar la transparencia en empresas y administraciones públicas.
- Proteger a los informantes frente a despidos, amenazas o represalias.
- Garantizar la confidencialidad de las denuncias y del informante.
- Evitar que las denuncias trasciendan a instancias externas, ofreciendo un canal interno efectivo.
- Permitir la detección temprana de irregularidades, reduciendo el impacto de fraudes y malas prácticas.
- Reforzar el cumplimiento normativo, impulsando una cultura empresarial ética.
¿Qué es un canal de denuncias?
El canal de denuncias es el mecanismo interno que deben habilitar empresas y organismos públicos para que empleados, proveedores o ciudadanos puedan denunciar irregularidades de manera segura y confidencial.
Los canales de denuncia permiten reportar fraudes, incumplimientos normativos, acoso laboral, corrupción, discriminación y otros delitos dentro de una organización sin que el denunciante tema represalias.
Ejemplos de formatos de canal de denuncias:
- Correo electrónico seguro
- Línea telefónica específica
- Plataforma digital especializada
- Formulario web
Los sistemas más avanzados permiten la presentación de denuncias de forma anónima, lo que incrementa la seguridad para los informantes.
Tipos de canales de denuncias
La ley distingue entre:
- Canal interno de información: Obligatorio para empresas y administraciones, permite gestionar denuncias de forma interna antes de recurrir a otras instancias.
- Canal externo de información: Gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), que recibe denuncias si el canal interno no es efectivo o si el informante teme represalias.
En general, la recomendación es que las empresas refuercen el canal interno para evitar que los empleados o terceros acudan directamente a organismos externos. Un buen sistema de denuncias interno protege a la empresa y permite solucionar problemas antes de que generen una crisis reputacional o legal.
Obligatoriedad: ¿Quiénes deben implementar un canal de denuncias?
La Ley 2/2023 obliga a implementar un canal de denuncias a:
- Empresas privadas con más de 50 empleados.
- Administraciones públicas, incluyendo universidades, ayuntamientos y organismos autónomos.
- Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban fondos públicos.
- Empresas con entre 50 y 249 empleados, que pueden compartir recursos para la gestión del canal.
Las empresas que no cumplan con esta obligación pueden enfrentarse a sanciones económicas importantes.
Requisitos del canal de denuncias
Para cumplir con la normativa, el canal de denuncias debe garantizar:
- Accesibilidad: Debe estar disponible para empleados, proveedores y terceros.
- Confidencialidad: Protección total de la identidad del informante.
- Denuncias anónimas: Se debe permitir la comunicación sin revelar la identidad del denunciante.
- Registro seguro de denuncias: Debe existir trazabilidad y documentación de las comunicaciones.
- Gestión eficiente: Procedimientos claros para la recepción, investigación y resolución de denuncias.
Cómo implementar un canal de denuncias efectivo
Para una correcta implementación, las organizaciones deben seguir estos pasos:
- Definir el canal adecuado: Elegir el medio más accesible (plataforma web, correo, teléfono).
- Nombrar un responsable: La empresa debe designar a una persona o equipo encargado de la gestión.
- Garantizar la confidencialidad: Protección de la identidad del informante y de las personas implicadas.
- Establecer un procedimiento claro: Determinar plazos de respuesta, medidas de investigación y resolución.
- Formar e informar a los empleados: Difundir el canal y asegurar su correcto uso.
Protección del informante y garantías
Para evitar represalias contra los denunciantes, la ley establece varias medidas de protección:
- Prohibición de represalias: Se sancionan despidos, degradaciones o amenazas contra el denunciante.
- Medidas de apoyo: Se ofrece asesoramiento y asistencia jurídica para los informantes.
- Protección de identidad: Garantía de anonimato y seguridad de la información.
Las denuncias falsas o de mala fe pueden ser sancionadas.
Régimen sancionador: Multas por incumplimiento
El incumplimiento de la Ley 2/2023 puede derivar en sanciones económicas y administrativas, tanto para personas físicas como jurídicas.
Multas económicas según el tipo de infracción:
- Para personas físicas:
- Infracciones leves: De 1.001 a 10.000 euros.
- Infracciones graves: De 10.001 a 30.000 euros.
- Infracciones muy graves: De 30.001 a 300.000 euros.
- Para empresas y entidades:
- Infracciones leves: Hasta 100.000 euros.
- Infracciones graves: De 100.001 a 600.000 euros.
- Infracciones muy graves: De 600.001 a 1.000.000 euros.
Estas sanciones pueden aplicarse por no disponer de un canal de denuncias o por no garantizar la protección del informante.